Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana

Publicación:
DOGV núm. 7500, de 8 de abril de 2015
BOE núm. 100, de 27 de abril de 2015
Referencia: BOE-A-2015-4547
Archivo: ley transparencia 2015_3137.pdf (840.79KB)

Objeto de la Ley

1. Regular y garantizar, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el ejercicio del principio de transparencia y el derecho de libre acceso a la información pública, entendido como el derecho de la ciudadanía a recibir una información adecuada y veraz sobre la actividad pública, garantizando la libertad de todas las personas a formar sus opiniones y tomar decisiones con base en esa información.

2. Fomentar la mejora continua de la calidad democrática de nuestra sociedad estableciendo los principios y la implantación de un código de buen gobierno en el ámbito de la administración autonómica.

3. Promover y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, de forma individual o colectiva, y regular las relaciones de la Generalitat con organizaciones y entidades de la sociedad civil de la Comunitat Valenciana.

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación

1. Las disposiciones de esta ley se aplicarán a:
   a) La Administración de la Generalidad.
   b) El sector público instrumental de la Generalidad, en los términos definidos en el artículo 2.3 de la Ley 1/2015 de Hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.
   c) Les Corts, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Valenciano de Cultura, la Academia Valenciana de la Lengua, el Comité Económico y Social, el Consell Jurídic Consultiu y cualquier otra institución estatutaria análoga que se pueda crear en el futuro, en relación con su actividad administrativa y presupuestaria.
   d) Las entidades integrantes de la Administración local de la Comunitat Valenciana y las de su sector público vinculadas o dependientes.
   e) Las universidades públicas valencianas y las entidades de su sector público vinculadas o dependientes.
   f) Las corporaciones de derecho público, en cuanto a sus actividades sujetas a derecho administrativo.
   g) Los consorcios constituidos por las administraciones públicas, organismos y entidades mencionados en este artículo.

2. A efectos de lo previsto en esta ley, tendrán la consideración de administraciones públicas:

   • La administración de la Generalitat.

   • Los entes y organismos vinculados o dependientes.

   • Las entidades integrantes de la administración local de la Comunitat Valenciana.

   • Las universidades públicas valencianas.

   • Los consorcios constituidos íntegramente por administraciones públicas territoriales.

Artículo 3. Otros sujetos obligados

1. Deberán cumplir las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica:
   a) Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales.
   b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando, al menos, el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen al menos dicha cantidad.

2. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, cualquier persona jurídica privada que perciba, durante el período de un año, ayudas o subvenciones de la administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el artículo 2 por importe superior a 10.000 euros, deberá dar la adecuada publicidad a la misma, indicando al menos la entidad pública subvencionadora. La difusión de esta información se realizará preferentemente a través de sus páginas web. En caso de que no dispongan de página web donde realizar esta publicidad, podrán cumplir con esta obligación a través del portal que ponga a su disposición la Generalitat.

3. Las personas físicas que desarrollen actividades profesionales para las que hayan percibido, durante el período de un año, ayudas o subvenciones de la administración autonómica o de cualquier otra entidad enumerada en el artículo 2, por importe superior a 10.000 euros, deberán dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad, inversión o gasto, incluyendo las normas reguladoras, convenios o instrumentos que regulan la concesión.

4. Las entidades privadas o personas jurídicas que presten servicios públicos. Estas obligaciones se incluirán en las cláusulas de los conciertos y otras formas de participación o gestión en sus pliegos o documentos contractuales análogos que correspondan.

5. Las personas físicas o jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten o desempeñen funciones delegadas de control u otro tipo de funciones administrativas, estarán obligadas a suministrar a la administración, organismo o entidad de los previstos en el artículo 2.1 al que se encuentren vinculadas, previo requerimiento, la información necesaria para el cumplimiento de la ley.

Artículo 4. Principios generales

1. Se entiende por información pública el conjunto de contenidos o documentos que obran en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

2. Sin perjuicio del resto de obligaciones legales, la interpretación y aplicación de esta ley se articulará en torno a los siguientes principios generales:
   a) Principio de transparencia: garantiza una actividad pública fundada en la accesibilidad de la información y en la excepcionalidad de las restricciones que sólo podrán fundarse en la protección de otros derechos.
   b) Principio de publicidad: la información será pública, objetiva, estará actualizada y se publicará periódicamente.
   c) Principio de libre acceso: la ciudadanía podrá acceder a la información pública de forma accesible, comprensible y en el formato más simple e inteligible que sea técnica y organizativamente posible, atendiendo a su naturaleza.
   d) Principio de orientación a la ciudadanía: la actividad pública se articula en torno a la ciudadanía, como eje y referencia de su estrategia.
   e) Principio de participación ciudadana: se promueve que la ciudadanía colabore proactivamente en los asuntos públicos.
   f) Principio de modernización y neutralidad tecnológica: se impulsa el empleo de las nuevas tecnologías con el objeto de diseñar procesos más eficientes y cercanos a la ciudadanía y sus necesidades sociales.
   g) Principio de responsabilidad y rendición de cuentas: la actividad pública y la de sus servidores exige la asunción de la responsabilidad derivada de dicho desempeño, mediante el impulso de la evaluación de políticas y la rendición de cuentas.
   h) Principio de reutilización de la información: la información se publicará y difundirá en formatos que posibiliten y favorezcan su reutilización, como forma de creación de valor añadido.

Legislación aplicable

Aplicativa según el marco de la Ley Española y las referencias establecidas en el DOGV y BOE mencionadas.